Ley Penal Juvenil: Las complicadas “contracciones” de última hora

Las complicadas “contracciones” de última hora
La Nación, Viernes 1 de Junio de 2007 

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Tan difícil fue su gestación que el parto no podía ser sin dolor. En la movilización de los funcionarios del Sename y las amenazas de los suboficiales de Gendarmería, la ley que pretende poner coto a la delincuencia adolescente enfrenta su último y, tal vez, más peliagudo escollo.

E. R.

En el atardecer del miércoles pasado personal de Carabineros de La Florida capturó a Juan Díaz Vargas de 36 años y a los adolescentes A.Y.A.L. (16), L.A.I.H. (16) y J.E.M.C. (15), quienes minutos antes -premunidos de una arma de
fuego y otra a fogueo- habían asaltado la farmacia ubicada en Walker Martínez 7230.

Díaz, con antecedentes por robo con fuerza, quedó a disposición del 14º Juzgado de Garantía de San Bernardo. Al mismo tribunal fueron enviados los dos jóvenes de 16 años -con cargos anteriores de hurto, robo con intimidación y
porte ilegal de armas- para que se determine si actuaron con discernimiento y se decida si se les deja en libertad, con alguna medida de protección o, si bien, se les juzga y se les condena como mayores de edad. Y purgan su penas
(arriesgan entre 5 y 20 años de privación de libertad) en cárceles de avezados adultos. El niño de 15 años -con anotación policial anterior por robo frustrado-fue derivado al Juzgado de Familia de San Bernardo, para luego ser entregado a sus padres.

Distinta habría sido la suerte de los tres menores si el mismo hecho hubiese ocurrido después del próximo miércoles 8 de junio, cuando ya esté en vigencia la nueva Ley de Responsabilidad Penal Juvenil (LRPJ). La que, actualmente,
después de una década de difícil trámite legislativo encuentra en la masiva paralización de los funcionarios del Servicio Nacional de Menores (Sename), el último -y quizás, el más difícil- escollo para que su implementación sea una realidad.

CONDICIONES BÁSICAS

De haber estado vigente la LRPJ, los tres adolescentes habrían sido sometidos a proceso, donde contarían con una defensa profesional y arriesgarían penas desde
3 a 5 años en recintos semicerrados o de libertad asistida y bajo la supervisión de programas de reinserción social.

A pesar de todas las modificaciones -y “endurecimientos”- que sufrió el proyecto original de la LRPJ, el objetivo con que se creó sigue siendo el mismo: evitar que los menores infractores a la ley queden impunes (“que crean que delinquir es gratis”) y a la vez tengan oportunidades reales de abandonar el camino del delito. Esta última tarea estará a cargo del Sename, para lo cual se creó el Departamento de Derechos y Responsabilidad Juvenil -desde hace
cuatro meses a cargo de la siquiatra y ex diputada socialista Fanny Pollarolo- y el presupuesto anual de 82 mil millones se incrementó en 15 mil más para implementar la ley.

Sin embargo, los funcionarios del Sename, personal de Gendarmería -vigilarán los recintos de encierro-, así como diversos especialistas en el tema, estiman que aún no están las condiciones ideales para comenzar su aplicación.

Una opinión distinta tiene el ministro de Justicia, Carlos Maldonado, quien reconoce que las actuales condiciones “no son las óptimas”, pero asegura que si son las suficientes “para atender la demanda inicial”. Y añade que “si hacemos la ecuación entre seguir en la situación actual -sin responsabilidad penal, sin debido proceso, ni herramientas de control y sin rehabilitación-, o partir con la condiciones básicas, creemos que es mejor que la ley parta”.

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